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Agridulce | Crónica ganadora del concurso REPORTAR

A un año del juicio oral y público de la Subzona 14 II, el segundo por delitos de lesa humanidad en La Pampa.

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Por Alejo García, estudiante del Colegio Secundario 9 de julio de La Pampa

[Agridulce es una crónica que se inscribe en el marco del concurso literario REPORTAR, organizado por la Asociación Civil Participar es el Comienzo, que convoca a estudiantes de escuela secundaria al encuentro con la escritura, la investigación y la reivindicación de derechos y la agenda democrática. Presentamos aquí la crónica ganadora de la edición 2020.]

Bajo el techo de un viernes despejado, antes de que el sol arranque, quejoso, a flotar como un globo ardiente desde las sabanas del alba, el rumor de las calles dio comienzo a esta historia. Nadie aguardaba las horas de esta mañana que los años habían dejado rezagadas y olvidadas en algún cajón con telarañas. Durante décadas los diferentes gobiernos democráticos no habían evidenciado más que vil complicidad con el genocidio de la última dictadura militar; ellos, tomados de la mano con las botas uniformadas y los corbateados faltos de nombre. Sin embargo, el pueblo, organizado, con los trapos harapientos de tantos sacarlos a pasear, logró dejar en el banquillo de los victimarios a los responsables de la masacre. Fue entonces que, en aquel encuentro de vidas a la espera, nos recibió un rayo de sol huyendo al vuelo, chocándose torpe con las ventanas recién despiertas y, sobre ellas, el cielo, enorme como una estela de acuarelas, soltando unos suspiros tiernos colados en cada ventarrón. Marcábamos el paso con la frente en alto, corajudos, y la calle deslizaba su vientre de avenida para dejarnos pasar a los mismos de siempre, los sin nombre, visitantes recurrentes de sus callejuelas y de veredas desgastadas.

Fue ahí, por el brotecito de las luces que, sobre las esquinas ciegas de esta ciudad culpada de isla, fueron llegando los primeros héroes y heroínas: había quienes se perfumaron con vestidos repletos de colores, y otras que se conformaron pintadas como de carbón; había unas estallando de ira y otros, en cambio hilando lágrimas sobre una mejilla enrojecida, agitando el corazón por los que nos habían escondido a fuerza de plomo, jaula y mentiras. Incluso nadaba junto a nosotros, con dulzura, por aquel mar enorme de rostros, una viejucha con la pena de la luna colgada en la cabeza, como si fuera la madre de una pajarera zurdita, que se iba armando de a miguitas aladas, con el alpiste de la memoria en cada trapo volador.

El mediodía nos halló y, con el sol como un sombrero, atentos a las ventanas del Colegio de Abogados, donde el juicio transcurría; donde otras faunas, igual de extrañas, tejían, a ritmo lento, los resultados de esta espera: los jueces de semblante serio y cabello engominado dieron por iniciada la lectura de sentencias, y los abogados, con la furia del pasado recorriéndoles los parpados, se mantuvieron en su sitio. ¡Silencio, silencio!

 

Poco a poco, y sin prisa, los nombres borrados fueron cayendo por los caminos del oído, aferrados a cada palabra suelta. Lluvia de estrellas, de recuerdos, de memoria recurrente, de dónde están y qué les hicieron. ¿Y las caras tras las letras? Seguro las hay; siempre las hubo. Hay ojos con tormentas, y bocas, y risas estruendosas, o acaso reservadas. Seguro algún ceño fruncido; tal vez uno iba en camisa y otra, liviana, en camisón. Y en las ovaciones por cada bestia condenada, se acurrucaban suspiros de paz.

Y es que este otro cuento arranca cuando huía al vuelo un rayo del sol, de esos que zapatean en las ventanas o en las selvas latinas y en el tugurio sombrío de los malos de siempre, adornado con el trapo de rayas rojiblancas, se oyeron sombras riendo, ocultas, en la embajada poderosa de la patria maldita. Y, sin que nadie viera, el sol dejó su choza en los cristales, huyendo despavorido. Y los cristos se taparon los ojos, en sus cruces quietas; y los libros se perdieron, o tropezaron al costado de los amores anónimos, de las risas sin historia, de las esperanzas ciegas y de los amigos que hay entre poema y poema. Época en cenizas. Los colectivos y los coches se miraban al cruzarse en las esquinas, sin atreverse a desearse buenos días compañero, porque los días no eran buenos y porque no vaya a ser que disculpe, documentos, que no los tengo y dale más fuerte, que ya va a hablar.

Finalmente sopló su última nota el recital del ventarrón, anunciando la llegada de la tarde frente a la Seccional Primera, unidos hombro a hombro, con el sol más discreto. ¿Y entonces? ¿Y ahora? Los pétalos no hablan, de eso estoy seguro; como tampoco las paredes, aún cuando lo hemos intentado. Solo nos queda darles rejas a las lunáticas canallas, pienso. A los Baraldini, a los Greppi, a los Pérez Oneto.

Sin embargo, cuando asomaba la despedida de aquella jornada de lagrimones colgados y guirnaldas de abrazos, se oyó en la vigilia enmudecida, una voz segura, que “a Aramburu lo juzgó el pueblo”, y un alud de miradas cruzadas completó con “a estos también los vamos a juzgar”. Nadie salió a enhebrarle palabras, nadie rompió el vals calladito del viento para discutir, para agregar. Pero asentimos desde el corazón cansado, desde la terca memoria. Nunca uno está seguro de aplaudir a tales dichos, pero así debemos hacerlo, aún cuando sea desde un rincón del corazón. Que se caguen los de moral limpita.

Agridulce. Siempre será tan agridulce (Y el rayo de sol se volvió a su nido de cristal, cuando la patria ya era del ocaso. Llegó para decir adiós, con la memoria sana y una sonrisa).

Mierda si será agridulce.

El 16 de agosto de 2019 los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa condenaron al ex jefe de la Policía, Luis Enrique Baraldini, y al ex secretario de la Gobernación, Néstor Greppi, a 25 años de prisión en el marco del juicio de la Subzona 14 II, por secuestros y torturas producidos durante la última dictadura militar. A su vez, sentenciaron al médico policial, Máximo Pérez Oneto, a 16 años de cárcel.

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Otra vez Nunca Más | Los restos hallados son de Facundo Castro

Tras meses de mentiras, encubrimientos e incertidumbre, se confirmó la peor noticia.

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“Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él”. Cristina Castro en La Garganta Poderosa.

Hace unas horas se confirmó que los restos óseos hallados el 15 de agosto en el canal Cola de Ballena, localidad de Villarino, son de Facundo Astudillo Castro. La jueza federal María Gabriela Marrón lo confirmó en una audiencia remota que mantuvo con Cristina Castro (la madre del joven), sus abogados, la fiscalía, los peritos oficiales del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Comisión Provincial por la Memoria. No obstante, la confirmación de la identidad del cuerpo no hace más que elevar el grito de Justicia, exigir la responsabilidad del Estado, la renuncia de Berni, repudiar el accionar de los medios e insistir con la respuesta a la pregunta: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro?

Es sábado 15 de agosto y las pantallas están encendidas. Los rumores se twittean y retwittean. La bronca también. Los medios no lo confirman, pero ponen su foto en la cabecera de la nota. «Hallaron un cuerpo flotando en el río, cerca de donde se lo vió por última vez». ¿Qué hicieron con mi hijo? Preguntaba Cristina Castro hace tan solo unas horas en su cuenta de Twitter. ¿Dónde está Facundo Castro? Preguntamos nosotrxs durante meses. Y ahora es cuando cambia el tiempo verbal de la pregunta, porque el presente se vuelve incómodo e insostenible, pero el pasado todavía nos debe una explicación. Y ahora es cuando el interrogante se vuelve retórico, se convierte en un símbolo, se convierte en reclamo: Justicia.

Memoria, Verdad y Justicia. Pero es como si el Nunca Más no fuera lo suficientemente fuerte.

Es sábado 15 de agosto y ya atardeció. En la casa de Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, suena el teléfono. Atiende. La llamada era de la Fiscalía Federal n°1 de Bahía Blanca para comunicarle que un pescador había avistado un cuerpo flotando en un canal en el límite entre Villarino y Bahía Blanca. Cuarenta y ocho horas antes la Policía Federal había rastrillado ese lugar, pero no habían encontrado nada.

Luciano Peretto se acerca a la zona indicada. Cristina Castro, Santiago Ulpiano Martínez -el fiscal de la causa- y el resto de los abogados también. La Policía ya tiene un operativo desplegado y el perímetro está vallado. Tienen que ingresar al terreno con vehículos 4×4, porque es una región pantanosa. Metros antes de llegar, la camioneta donde iba la madre se entierra y agentes de la Federal le ayudan a destrabarla. La misma institución acusada de la desaparición de su hijo. ¿Entonces ninguna persona podría acceder ahí caminando? No. Y aún así durante meses se insiste en esa hipótesis. Que se perdió, que caminó por la vía, que se cayó. «Si ese cuerpo es de Facundo, no llegó voluntariamente ahí», afirmó Leandro Aparicio, otro abogado de la familia, a C5N esa misma tarde. De cualquier forma, ellos tampoco llegaron. La Policía no les permitió ingresar al perímetro. En compensación les mostraron fotografías de un esqueleto semi enterrado en la arena. No se podía precisar si era Facundo, pero su madre tuvo una corazonada.

La cuarentena hace que cada día sea insostenible, pero para algunxs mucho más. Desde el 30 de abril de 2020 Cristina Castro cuenta los días, pide explicaciones y exige la aparición de su hijo. Facundo Astudillo Castro, Kufa, fue visto con vida por última vez aquel jueves cuando salió de la localidad de Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca, con la intención de restablecer la relación con su expareja. “Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa”, dijo Cristina al aire en AM 750. Facundo la había llamado cerca de las 13 cuando pronunció: «Mamá, vos no tenés idea a dónde estoy, no me vas a volver a ver». Desde ese día, Cristina repasa esas palabras. “Tendría que haber advertido que me dijo ‘mamá’ porque ellos siempre me llaman ‘bruja’”, agregó a la emisora radial.

Los oficiales Jana Jennifer Curuhinca y Mario Gabriel Sosa detuvieron al joven de 22 años en la ruta 3 a las 10 de la mañana. Tanto ellos como los policías del siguiente pueblo, Teniente Origone, dijeron que lo dejaron seguir y que solo le hicieron una infracción por circular sin permiso en violación de la cuarentena. Pero unos mensajes -originalmente borrados- que se dieron a conocer el 10 de agosto indican lo contrario. 

– Bueno quedate tranqui Janita nadie sabe que fuimos nosotros, aparte es como dice el jefe nosotros hicimos nuestro trabajo. 3 de julio a las 11.39. De Mario Gabriel Sosa a su compañera Jana Jennifer Curuhinca. Cinco días después de hallar esa prueba es el teléfono de Cristina el que recibe un mensaje. Había aparecido un cuerpo en Villarino y podía ser de Facundo.

Y entonces, una de esas noches para el olvido pero que justamente no deben ser olvidadas, empieza. Se anunció que, para apartar a la Policía del peritaje del cuerpo, la autopsia la realizaría el Equipo Argentino de Antropología Forense en Buenos Aires. Los médicos recién viajarían hasta Bahía Blanca para retirar el esqueleto el domingo 16 a las 8:30 de la mañana. Aún así, nadie podía dormir. Nosotrxs esperando un atisbo, una respuesta que en realidad no queríamos escuchar. Cristina guiándose por la intuición, presintiendo que era el cuerpo de su hijo, custodiándolo durante la noche con una carta de dos opciones: o muerto o desaparecido.

Ni vos ni yo somos Facundo. Ni fuimos Santiago, ni fuimos Luciano. Y no es tan cierto que todxs podamos serlo. Hay una tendencia sistemática en los cuerpos que son vulnerados, desaparecidos y asesinados por el Estado. El pibe de gorrita no es una expresión. Es un arquetipo. Según el archivo de casos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Facundo Astudillo Castro es una de las cuatro carátulas que figuran como desaparición forzada durante la gestión de Alberto Fernández. A Facundo se le suman Luis Espinoza en Tucumán, Carlos Orellano en Santa Fé y Francisco Valentín Cruz en Florencio Varela. Los tres aparecieron días después: en un barranco, en un río y en una cantera cubierto de brea, respectivamente. Ahora fue el turno de Facundo. El mismo informe data que desde el inicio de la gestión actual hasta el 12 de agosto de 2020, 154 personas fueron asesinadas por el Estado, de las cuales 67 corresponden a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo Berni mientras tanto? Anduvo en helicóptero, frenó operativos, blasfemó en los medios, dio datos falsos sobre la investigación (como que había aparecido una mochila a metros del cuerpo, lo cual resultó no ser verdad) y le declaró la guerra al Covid-19. “Al virus en mí le quedan las horas contadas”, twitteó cuando anunció que el resultado de su test era positivo, el pasado 14 de agosto. Y ahora el coronavirus no es la única muerte de la que vas a tener que hacerte responsable, soldado.

La confirmación no fue sorpresa. El lunes, grandes medios nacionales -TN, Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, América e incluso la agencia estatal Télam- habían filtrado el resultado de la prueba de ADN. ¿O lo habían inventado? El punto es que la primicia invadió redes y televisores. Avasallados por la “noticia”, Cristina y los abogados contrarrestaron rápidamente el comunicado y declararon que los resultados no estarían si no hasta el miércoles (hoy). Algunos medios ni siquiera dieron de baja el titular original. No es la primera vez que la información no corre por el caudal que debería. Durante el operativo del 15 de agosto, el fiscal Ulpiano Martínez estuvo hablando por teléfono con Sergio Berni antes de darle alguna información a la madre o a los abogados, quienes se enteraron lo que, en teoría, ocurría a metros suyo a través del portal Data Clave con quien el ministro de Seguridad Bonaerense estaba en comunicación.

Tampoco fue ese el único arremetimiento contra la querella. Recientemente, el 30 de agosto, la jueza solicitó sanciones y acciones penales contra Luciano Peretto por haber dicho en un medio televisivo que Facundo fue víctima de desaparición forzada. Si bien desde julio esa es la carátula que figura penalmente -para apartar a la Bonaerense de la investigación-, para la familia nunca hubo otra opción. El Estado es responsable. Ahora solo quedan preguntas y mucha esperanza puestas en manos del EAAF. ¿Cuándo murió? ¿Cómo murió? ¿Dónde murió? ¿Fue el cuerpo plantado?

Certezas, en cambio, pocas. Para Cristina y buena parte de nosotrxs, otra vez el Estado. Otra vez el encubrimiento. Otra vez gritamos Nunca Más. Y otra vez pareció no importarles. Lejos estuvieron los 30 mil de ser los últimos. Y lejos está nuestra democracia de enorgullecerse por algo. Borraron pruebas, baldearon comisarías, inventaron declaraciones pero se les escapó un amuleto, una foto del DNI, la fuerza de una madre, la indignación de un país. ¿Cuántas veces más vamos a vivirlo de nuevo? ¿Cuántas veces más vamos a gritarlo de nuevo?

Una vez más. Y todas las que sean necesarias: Justicia. Memoria, Verdad y Justicia.

Ahora y siempre.

 

 

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La cuarentena en el fondo | Mención especial concurso REPORTAR

Una crónica sobre cómo se vive la pandemia entre lxs adolescentes de la villa 31.

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Por Sergio Delgado, integrante de la Asociación Civil Detrás de Todo

[La cuarentena en el fondo es una crónica que se inscribe en el marco del concurso literario REPORTAR, organizado por la Asociación Civil Participar es el Comienzo, que convoca a estudiantes de escuela secundaria al encuentro con la escritura, la investigación y la reivindicación de derechos y la agenda democrática. Presentamos aquí la crónica que obtuvo la mención especial en la edición 2020.]

El año pasado me iba del colegio, llegaba a casa y salía corriendo hacia los talleres de arte del centro comunitario del sector Cristo Obrero del barrio Carlos Mugica. Todos los días en el camino me encontraba con chicos y chicas con guardapolvo y mochila que retornaban de la escuela, cansados, para hacer la tarea. Otros sudaban porque venían de jugar un partido en la canchita. Hoy, en plena cuarentena, los veo espiando desde sus ventanas o los encuentro en la fila de los comedores. Ahora ya no salgo corriendo hacia el taller de revista o de teatro, sino que voy a buscar la la vianda del día. Me impulsa el grito de mi vieja advirtiéndome que no me olvide del barbijo y que me apure “antes de que se acumule mucha gente”.

En este aislamiento, varios adolescentes de las villas 31 y 31 bis sobrepasamos distintas dificultades. A la falta de garantía de derechos básicos que atraviesan los barrios populares del país, con la pandemia se suma la falta de recursos para obtener una educación digna. Varios de los chicos y chicas que hace unos meses no podían contar con hojas, cuadernos y lápices para empezar la clases, ahora lidian con más barreras en sus estudios por la falta de computadoras, celular o Internet para recibir los trabajos que envían los maestros y maestras. “¿Es esta la manera de cuidarnos? Ni una educación digna podemos tener ya que con la pandemia se fue la poca accesibilidad que teníamos a ella”, reprocha Santiago.

Fuente: Red de Educación del Barrio Carlos Mugica

Ezequiel es un adolescente que vive en el sector ferroviario de la villa y atraviesa problemas de adicciones. “Con mis 16 años ya pisé varias comisarías”, menciona. En el barrio Mugica las fuerzas de seguridad de la ciudad no realizan sus deberes como autoridades públicas. “Con la pandemia, los policías no hacen nada”, reprocha Josefina, madre de Ezequiel. “Desde que empezó la cuarentena no puedo parar a mi propio hijo”, agrega. Josefina tiene miedo de salir a buscarlo por el virus. No es la única vecina que sufre a causa de la pandemia y del abandono del gobierno. Hay otras y otros que pasan hambre en sus propias casas. “Los comedores no dan abasto, desde que comenzó todo esto más gente se anota para pedir comida”, reprocha angustiada. 

La Secretaría de Integración Social y Urbana del barrio tiene la función de alcanzarle mercadería a los vecinos aislados por el covid-19. La bolsa incluye un paquete de fideos, dos caldos, leche en polvo, una chocolatada y galletitas. Con esas provisiones deben comer por 15 días. Si no fuese por las agrupaciones, nos hubiéramos muerto de hambre, remarca Santiago. Las organizaciones sociales juegan un rol fundamental en estos momentos. Cuando varios comedores cierran sus puertas por casos confirmados, aportan mercadería y bandejas de comida.

Los habitantes del barrio Mugica no solo convivimos con la irresponsabilidad de quienes deberían cuidarnos, también debemos aguantar el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. Estaba en la puerta de la casa de un amigo, esperando que me abriera, cuando dos policías llegaron en moto y el acompañante me apuntó con una escopeta en la cara. Cuando mi amigo salió, arrancaron y se fueron como si nada. Si no los escuchaba, no sabemos qué hubiese pasado”, dice Luis.

En los nuevas viviendas en el fondo de la villa, María cuenta que los policías aceptaron como soborno una Coca Cola por parte de unos vecinos que jugaban al fútbol a pesar de las medidas de distanciamiento. Los “jugadores” dicen que han tenido covid-19 y que se recuperaron al igual que toda la gente en la cancha. Los oficiales solo le dieron un apretón de manos a quienes les “regalaron” la bebida. 

Más allá de la violencia en las calles, están las que se ejercen al interior de las casas. Una de las adolescentes menciona sufrir maltrato de su padrastro. “Mi mamá sólo se calla”, susurra entre lágrimas Lucía. “Ya no aguanto más esto”, resalta con bronca. 

No son sólo estas las situaciones de maltrato e impunidad las que atravesamos los pibes y pibas de los barrios populares, sino que también nos toca vivir otras que preferimos callar por miedo o vergüenza. Esperemos que al terminar la pandemia podamos tener más acceso a recursos básicos. Como dice una canción de rap compuesta por los adolescentes del fondo de Cristo Obrero: “Las mismas caras de siempre, promesas sin cumplir, con la mirada al frente nuestros derechos exigir”.

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Una estudiante regresó a Colombia a ver a su familia y fue apresada injustamente

Se pide libertad para Angie Solano.

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Su amiga, desde Argentina, reconstruye la trama de injusticias de la cual es víctima Angie Solano Cortés.

Bajo los hashtags #Malegriaylibertad y #Nomasmontajesjudiciales, una campaña en redes sociales busca denunciar la injusticia de la que es victíma Angie Solano Cortés, una estudiante colombiana residente en Argentina desde inicios del año pasado. Angie es estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de San Martín y maestra voluntaria de un Centro de Atención a la Infancia, y se encuentra presa en Colombia víctima de un “falso positivo judicial”, el cual la señala como parte del atentado a la Escuela militar General Santander perpetrado en enero del 2019.

Los falsos positivos judiciales no son recientes, tienen al menos una década de antigüedad en Colombia y son definidos por el CINEP (Centro de investigación y educación popular) como “montajes judiciales realizados a civiles, muchos de estos, activistas en la denuncia y/o la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas” que tienen como objetivo “tacharlos de integrantes de organizaciones guerrilleras y deslegitimar el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas”. Este modo de acción del gobierno ha salido a la luz en varias ocasiones y comparte ciertos aspectos en común: Estar relacionados con hechos perpetrados por grupos armados ilegales que tuvieron importante impacto mediático y emocional para el país, ser mostrados como resultados importantes en momentos de crisis de legitimidad, mostrar al Estado como un aparato de “instituciones fuertes” con capacidad de impartir “mano dura”, involucrar a defensores/as de derechos humanos o egresados de universidades públicas como presuntos responsables y mostrarlos como culpables antes de cualquier juicio, entre otros.

Estos falsos positivos judiciales han terminado por ser una práctica recurrente en la historia reciente colombiana; ante la búsqueda presurosa de resultados por parte de los gobiernos de turno que demuestren su capacidad de investigación y acción, se han mostrado como resultados judiciales aquellas capturas a las que se les invierte tiempo de televisión y que devienen en réditos políticos, más aún en tiempos en los que la popularidad de los gobiernos, o su nivel de aceptación están por el suelo. El 2 de julio pasado se llevó a cabo un operativo que terminó con la captura y exposición en medios como responsables del atentado a la Escuela general Santander a ocho personas, incluida a Angie en el grupo.

Angie se encontraba en Colombia visitando a su familia, ella posee la residencia argentina e incluso ya cuenta con su DNI plástico (esquivo para muchos migrantes por la burocracia que media el trámite). Sin embargo, las dificultades para acceder a un trabajo mejor remunerado y el amor por su familia y su sobrina que venía en camino, la llevaron a la decisión de viajar a Colombia para pasar allí su temporada de vacaciones de la Maestría que cursa y realizar con calma los trabajos finales de las materias que había llevado a cabo durante el año. Ella volvería en abril, para seguir con la cursada de la Maestría en Historia, sin embargo, la pandemia la dejó varada en Colombia.

Junto a Angie, en Buenos Aires, nos extendíamos a hablar de lo difícil que eran para nosotras adaptarnos a ciertas costumbres locales, al ritmo académico que en Colombia no conocimos (y sí, nuestra educación superior está en crisis, empezando por la necesidad de gratuidad, ampliación de la oferta y apoyo de sostenimiento para que los chicos y chicas puedan acceder sin tener que trabajar para así dedicarle mayor tiempo a sus estudios de grado); nos compartíamos memes, de los Simpsons particularmente, completábamos las frases de los capítulos, y nos reíamos de nuestras propias angustias. Su amor de amiga no tenía límites, sabía estar, callar y abrazar cuando era necesario; se movilizaba ella y sus afectos por otros/as en cada momento que podía. Siempre llena de alegría, me ayudaba a entender la amistad entre mujeres como un tejido sororo que vas alimentando y fortaleciendo, que solo busca dar y sostener.

Este suceso de su captura nos quebró a quienes la conocemos, y nos hacen eco los sucesos alrededor del caso del Centro comercial Andino. Justo en junio pasado quedaron en libertad siete de los sindicados por el atentado contra el centro comercial Andino de Bogotá que ocurrió el 10 de junio de 2017; tres años después, el material probatorio fue insuficiente para mostrar a los capturados y capturadas responsables de los hechos, quienes en su mayoría eran parte de organizaciones sociales y de derechos humanos y egresados de universidades públicas, y así recuperaron su libertad tras tres años de cárcel llenos de dilaciones y señalamientos.

Igual que en aquel momento, hoy los medios de comunicación hacen uso de sus fotografías y nombres completos para señalar a los capturados el 2 de julio como responsables de los hechos de la Escuela General Santander, ubicada al sur de Bogotá; su señalamiento como parte del ELN, el otorgamiento de un alias e incluso toda una red de relaciones y labores previo a un juicio ya los muestra como culpables ante todo el país. El ataque a la escuela militar movió las fibras de un país que tiene un pasado marcado por la zozobra de las bombas por lo que el repudio no se hizo esperar, fue la noticia de todo el mes, y ahora con nombres y apellidos ya se habla de culpables, se tienen rostros a quienes acusar, la población y el gobierno se erigen como jueces de estos hombres y mujeres capturados antes de cualquier juicio, por ello además del repudio a toda esta injusticia tememos por la seguridad de Angie.

Para el 2017 frente a los pronunciamientos en medios de la policía, la fiscalía y los altos mandos del gobierno, Heike Hänsel, presidenta de la subcomisión de la ONU para las organizaciones internacionales y la globalización, se manifestó sobre las acusaciones que recaían sobre los presuntos implicados en el caso del Andino, mencionando que “la presunción de inocencia es un derecho inalienable de toda persona que ha sido detenida bajo un sistema penal acusatorio”. En ese momento, los capturados fueron señalados además de responsables del atentado como parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo –MRP-, caso similar al presentado en los operativos del pasado 2 de Julio en donde el Ministro de Defensa y el mismo presidente en alocución presidencial señalan a Angie y a los otros acusados de ser parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, desestimando los derechos mínimos que les asisten, tales como el buen nombre y la presunción de inocencia. Para Hänsel, acusaciones de este tipo “condenan anticipadamente a los y las detenidas y, por consiguiente, ponen en serio riesgo la integridad de cada una de estas personas”; hoy el Estado colombiano vuelve a actuar de la misma manera.

Hoy familiares, amigas y amigos pedimos la libertad y desprocesamiento de Angie Solano, sabemos de su calidad humana y exigimos el respeto a sus derechos, a su presunción de inocencia y al derecho al buen nombre que el Estado ha querido pasar por alto.           

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